Gran Premio de Australia pierde batalla judicial por concierto cancelado
El Gran Premio de Australia pierde su última batalla por el concierto cancelado de Robbie Williams
La pandemia ya es historia, pero sus ecos siguen resonando en los tribunales australianos. Y esta vez, el golpe definitivo ha caído sobre los organizadores del Australian Grand Prix.
Una sala de tres jueces del Tribunal de Apelaciones confirmó de forma unánime la sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Supremo de Victoria: la Australian Grand Prix Corporation deberá pagar 2,84 millones de dólares en concepto de indemnización a la promotora World Touring Melbourne por la cancelación del concierto de Robbie Williams previsto en 2020.
Sin margen para la réplica. Sin permiso para una nueva apelación.
Un concierto que nunca sonó
El plan era ambicioso: combinar la velocidad de la Fórmula 1 con el tirón masivo de Robbie Williams. El cantante, autor de éxitos como Let Me Entertain You y Angels, debía actuar en Lakeside Stadium al día siguiente del Gran Premio de 2020 en Albert Park, en Melbourne.
El 13 de marzo de 2020, cuando el mundo empezaba a comprender la magnitud de la amenaza de la COVID-19, el evento de Fórmula 1 fue cancelado a pocas horas de la apertura de puertas. El concierto de Williams cayó con él. Pero no por las razones que, según la justicia, se comunicaron a la promotora.
World Touring Melbourne llevó el caso a los tribunales alegando incumplimiento de contrato y acusando a los organizadores del Gran Premio de haber proporcionado información engañosa sobre el supuesto consejo sanitario del gobierno estatal.
El punto clave: lo que dijo (y no dijo) el jefe de salud
El núcleo del litigio se centró en el papel del entonces director de salud de Victoria, Brett Sutton.
A las 16:25 del 13 de marzo, la Australian Grand Prix Corporation envió un correo electrónico a World Touring Melbourne en el que aseguraba que Sutton había recomendado que el Gran Premio se cancelara o se disputara sin público. Bajo esa premisa, el concierto de Williams también quedaba fuera de juego.
El problema es que esa versión no se sostenía.
En la vista de 2024, el juez Clyde Croft concluyó que los organizadores habían engañado a la promotora. Sutton, según se acreditó, había enviado antes ese mismo día un mensaje de texto a responsables del Gran Premio en el que apoyaba la decisión de cancelar el concierto, pero dejaba claro que la decisión final correspondía a los organizadores, no a su despacho.
No hubo orden directa. No hubo instrucción tajante de las autoridades sanitarias que obligara a tumbar el espectáculo en los términos en que se comunicó a la promotora.
Para el juez, esa diferencia resultó determinante. Lo que se presentó como un mandato sanitario era, en realidad, una recomendación con margen de decisión para la organización. Y ese matiz, en un contrato millonario, pesa.
Una factura de 2,84 millones… y un precedente incómodo
El fallo de Croft en 2024 fue contundente: la Australian Grand Prix Corporation había inducido a error a World Touring Melbourne y debía compensar la pérdida de ingresos por la cancelación del concierto con 2,84 millones de dólares.
La corporación intentó revertir la decisión. Llevó el caso al Tribunal de Apelaciones, buscando al menos abrir una nueva discusión sobre la interpretación de los hechos y del rol de las autoridades sanitarias en aquellas frenéticas horas previas al inicio del fin de semana de Fórmula 1.
Hoy, ese intento se ha estrellado. Los tres jueces de la corte han cerrado la puerta a la apelación y han respaldado íntegramente la sentencia original. El monto de la indemnización se mantiene. La responsabilidad también.
Mientras tanto, otros eventos siguieron adelante aquel mismo fin de semana de marzo de 2020. Partidos de la National Rugby League y un concierto en el Sidney Myer Music Bowl se celebraron según lo previsto, un contraste que siempre flotó sobre el caso y que ahora queda fijado en la narrativa judicial de la época COVID.
El Gran Premio de Australia volverá a llenarse de público, de ruido y de motor. Pero, en los despachos, esta derrota deja una lección incómoda: en tiempos de crisis, las palabras importan tanto como las decisiones. Y los tribunales no olvidan lo que se escribe en un correo a las 16:25 de la tarde.
